Publicado originalmente en In_Mujeres: monografías feministas, n.º 7, junio de 2026.
En agosto de 2014, una campaña coordinada de acoso en foros como 4chan y Reddit evidenció cómo internet puede ser un lugar inhabitable para las mujeres que se atreven a incursionar en espacios considerados “de hombres”. El llamado Gamergate —dirigido contra desarrolladoras de videojuegos, periodistas especializadas y críticas culturales feministas— incluyó amenazas de violación, revelación de datos personales y campañas de difamación tan intensas que varias de las acosadas tuvieron que abandonar sus hogares.1 Este episodio marcó un punto de inflexión en la radicalización de las comunidades masculinas en la red, ya que el «trolleo por diversión» se transformó en acoso político organizado. Este patrón no quedó restringido al ámbito anglosajón ni a la cultura gamer. Dos años después, en España, el caso de la violación grupal de La Manada en Pamplona mostró cómo esa misma lógica —basada en la exposición y el castigo ejemplarizante— podía desplegarse en torno a una víctima concreta en pleno proceso judicial. La joven tuvo que afrontar no solo el procedimiento, sino también la difusión de su nombre completo, su dirección, fotografías personales e incluso fragmentos del vídeo de la agresión. En este caso, por primera vez, la justicia española condenó a la plataforma que alojó el contenido e impuso penas de prisión a varios de los usuarios que publicaron los datos personales.
Históricamente la violencia ha sido un mecanismo aleccionador para mantener a las mujeres fuera del espacio público –y cerca de la domesticidad–.
Estos dos episodios, distantes en contexto y geografía, comparten una misma lógica donde la violencia digital es una prolongación de la que se sufre fuera de la red, es decir, un reflejo de la desigualdad estructural. La violencia ha sido históricamente un mecanismo aleccionador para mantener a las mujeres fuera del espacio público –y cerca de la domesticidad–. Hoy ese espacio público incluye también internet, donde la violencia de género adopta formatos nuevos. Hablamos de un abanico de prácticas que se adaptan o reinventan con cada avance tecnológico y que incluyen difusión no consentida de imágenes íntimas, deepfakes de carácter sexual –que desnudan o sexualizan mediante inteligencia artificial– o doxing –revelación de datos personales con el objetivo de amedrentar o acosar–. También se incluyen ataques como el brigading, una acción coordinada —frecuente contra periodistas feministas— que consiste en inundar un espacio digital con comentarios, denuncias o votaciones con el objetivo de distorsionar una conversación en internet o de acosar a alguien. A veces, esta violencia se expresa como campañas de desprestigio o insultos y vejaciones que se reciben de forma masiva y que adoptan una forma atravesada por el género cuando se dirigen a mujeres –comentarios sobre el cuerpo, la sexualidad o amenazas de agresión sexual, entre otras–. La antropóloga Gabriella Coleman estudió durante años las culturas de Anonymous y el trolleo organizado, y documentó cómo estas prácticas se consolidaron como repertorio de acción política desde las entrañas de 4chan. Ese arsenal, primero asociado a las revueltas de 2011 como Occupy o las primaveras árabes, sería adoptado después por la extrema derecha y sus agentes antigénero.2
Los intereses de la internacional antigénero se han entrelazado con los de algunos magnates de las principales plataformas tecnológicas estadounidenses, hoy alineados de forma abierta con Donald Trump.
Para explicar las causas de la violencia online hay que atender a dos cuestiones. La primera tiene que ver con el clima general de derechización global, que trata de configurar un sentido común reaccionario a través de lo que llamamos la internacional antigénero. Esta dinámica responde a una articulación transnacional que es capaz de producir marcos comunes —como la «ideología de género» o la «defensa de la familia natural»— y de coordinar campañas que combinan diversos niveles de acción entre los que se cuentan las redes.3 Como ya resulta evidente, los intereses de esta internacional antigénero se han entrelazado estrechamente con los de algunos magnates de las principales plataformas tecnológicas estadounidenses, hoy alineados de forma abierta con el proyecto fascistizante de Donald Trump.
Por otra parte, hay que entender el modo en que el diseño de estas infraestructuras influye en lo que los usuarios reciben y cómo contribuye a amplificar las agresiones digitales. Las plataformas operan bajo un modelo de negocio que extrae valor de nuestra atención, y han constatado que determinados afectos negativos —como la indignación o el miedo— generan mayores niveles de interacción y tiempo de permanencia. El odio produce valor. De manera que la circulación de contenidos conflictivos o polarizantes, y de la misma violencia, es una consecuencia estructural de sistemas optimizados para maximizar el engagement.
Para estas mismas empresas, la misoginia es también una fuente de rentabilidad.4 Como ha señalado Sarah Banet-Weiser, las economías digitales producen y monetizan simultáneamente tanto el feminismo popular como la misoginia popular, que compiten por la visibilidad en el mismo sistema. De este modo, la arquitectura de las plataformas no solo permite la confrontación entre ambos, sino que tiende a intensificarla, generando una escalada que beneficia a los dueños de las plataformas. La violencia se inserta así en una lógica económica que la hace funcional a la producción de valor.5 Las plataformas estimulan esta polarización y contribuyen así a intensificar la reacción antifeminista.
En esa intersección entre decisiones empresariales conscientes y lógica de negocio, los algoritmos –el conjunto de reglas automatizadas que determina qué contenidos ve cada usuario en su pantalla y en qué orden– funcionan como agentes activos de derechización. La misoginia es una de sus vías más eficaces. Por ejemplo, una investigación sobre TikTok creó cuentas ficticias que representaban distintos tipos de varones adolescentes vulnerables. Su principal hallazgo es que en cinco días los vídeos misóginos o de hipermasculinidad tóxica –una versión más «blanda» del mismo marco ideológico– se incrementaron en todos los perfiles sin necesidad de que los usuarios los buscasen activamente. El algoritmo detectaba debilidades como la soledad o la búsqueda de pertenencia y las canalizaba progresivamente hacia la culpabilización de las mujeres, muchas veces a través de formas culturales blandas: humor, memes, gurús de masculinidad que no se presentan como explícitamente políticos. Como conclusión, las mismas investigadoras apuntan que, a diferencia de la subcultura íncel original, que estaba confinada en foros con alcance limitado o incluso servidores privados –hasta mediados de la década de 2010–, esta segunda oleada de antifeminismo se ha popularizado. La consecuencia es que está inundando las culturas juveniles mainstream a través de las plataformas más comunes y que el contenido misógino que antes había que buscar activamente ahora es ofrecido directamente y de forma masiva por el algoritmo.6
Estas transformaciones están produciendo numerosos ataques que no siempre son actos espontáneos. El objetivo explícito de muchos actos de violencia online es expulsar a periodistas, activistas y académicas –sobre todo feministas– del debate público.7 Las consecuencias directas de este modelo las sufren las personas que reciben las amenazas o ven circular sus datos sin permiso, pero van más allá. Esta dinámica produce un efecto silenciador porque algunas mujeres optan por abandonar determinados espacios, por mantener un perfil bajo o por evitar determinados temas que saben que les pueden causar problemas.
Las redes sociales constituyen hoy una parte fundamental de la esfera pública. Son un lugar donde se producen debates, se construye opinión o incluso donde nos organizamos —aunque no deberíamos creernos la ilusión de que pueden sustituir la acción en el mundo físico—. Como hemos tratado de explicar en este artículo, participar en ellas supone jugar con las cartas marcadas por los intereses comerciales y políticos de quienes las poseen. Precisamente por ello, la expulsión de determinadas activistas de estos espacios puede condicionar la fuerza colectiva de movimientos como el feminismo o incluso de la propia izquierda institucional –en buena parte de los países occidentales las mujeres parecen apoyar más a estos partidos, sobre todo las jóvenes–.8
La disputa por la soberanía tecnológica —por sistemas abiertos, infraestructuras públicas, redes que no dependan de monopolios privados— también forma parte de las luchas feministas.
Ante este panorama, las respuestas necesitan operar en varios planos a la vez. El primero tiene que ver con la necesidad de que las empresas tecnológicas se hagan responsables de los contenidos que difunden: si la propia arquitectura está diseñada para amplificar la violencia, no basta con moderarlos.9 De hecho, la Ley de Servicios Digitales europea ya obliga a cierta transparencia algorítmica y a evaluaciones de riesgo sistémico, pero su aplicación es lenta y sus sanciones, insuficientes para alterar un modelo de negocio sostenido por empresas que acumulan un enorme poder. Por tanto, el feminismo necesita implicarse en las discusiones tecnopolíticas que ya están en marcha, por ejemplo, respecto a las peticiones de que existan auditorías de los algoritmos o de que estos se reconfiguren para permitir mayor capacidad de decisión de los usuarios sobre el contenido que reciben. La disputa por la soberanía tecnológica —por sistemas abiertos, infraestructuras públicas, redes que no dependan de monopolios privados— también forma parte de las luchas feministas.
En cualquier caso, y aunque algunas sean expulsadas de los espacios digitales, lo más importante es no perder de vista que muchas se quedan, los disputan e incluso crean espacios propios, tejen alianzas o inventan formas de resistencia colectiva. Aquí nuestra tarea como feministas es, una vez más, doble: resistir y acompañar. Resistir porque, como hemos dicho, la pelea por habitar el espacio público es una lucha histórica de las mujeres, y la apuesta por la democracia digital forma parte imprescindible de ese camino. Y acompañar porque la solidaridad feminista consiste precisamente en que ninguna mujer tenga que elegir entre su seguridad y su voz. Para que eso no suceda, no podemos dejar solas a quienes sufren estas agresiones online: tenemos que construir redes de apoyo que sostengan a quienes dudan si seguir exponiéndose y empujar colectivamente para que la vergüenza de verdad cambie de bando y recaiga sobre quienes ejercen estas múltiples violencias digitales.
- Véase Alabao, Nuria, Ínceles, gymbros, criptobros y otras especies antifeministas, Madrid, Escritos Contextatarios, 2025, pp. 19-20. Sobre la genealogía del fenómeno, ver Salter, Anastasia, Bridget Blodgett, Toxic Geek Masculinity in Media: Sexism, Trolling, and Identity Policing, Cham, Palgrave Macmillan, 2017. ↩︎
- Coleman, Gabriella, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces of Anonymous, Londres, Verso, 2014. ↩︎
- Ver un análisis histórico y contemporáneo de su desarrollo y funcionamiento en Alabao, Nuria, Las guerras de género. La política sexual de las derechas radicales, Pamplona, Katakrak, 2025. ↩︎
- Véase Cancela, Ekaitz, Anita Fuentes, «Capitalismo desenmascarado. La batalla cultural en la era de los tecno-bros», Zona de Estrategia, 20 de enero de 2025. ↩︎
- Banet-Weiser, Sarah, Empowered: Popular Feminism and Popular Misogyny, Durham, Duke University Press, 2018. ↩︎
- Regehr, Kaitlyn, Caitlin Shaughnessy, Minzhu Zhao, Nicola Shaughnessy, Safer Scrolling: How Algorithms Popularise and Gamify Online Hate and Misogyny for Young People, Londres, UCL / University of Kent / ASCL, 2024. ↩︎
- Donovan, Joan, Emily Dreyfuss, Renée DiResta, Meme Wars: The Untold Story of the Online Battles Upending Democracy in America, Nueva York, Bloomsbury, 2022. ↩︎
- Ya hay muchos estudios que así lo afirman, como el de Milosav, Đorđe, Zachary Dickson, Sara B. Hobolt, Heike Klüver, Theresa Kuhn, Toni Rodon, «The Youth Gender Gap in Support for the Far Right», Journal of European Public Policy, vol. 33, n.º 2, 2026, pp. 444–468. ↩︎
- Tampoco hay que olvidar que esta moderación de contenidos se está haciendo a costa no solo de la explotación de miles de trabajadores, sino de su propia salud mental. En España, ya han ganado juicios a Meta por los trastornos sufridos a consecuencia de tener que visionar cotidianamente imágenes de violencia extrema. Ver, por ejemplo, Espinosa, Horacio, «Trabajando para la Máquina: Fragmentos de vida y muerte de un moderador de contenido» (en inglés: «Working for the Machine – Fragments of Life and Death of a Content Moderator»), en M. Miceli, A. Dinika, K. Kauffman, C. Salim Wagner, L. Sachenbacher (eds.), Data Workers’ Inquiry, 2026. ↩︎

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