El régimen contra la sanidad pública

El mes pasado el rey Juan Carlos decidió operarse en una clínica privada lo que generó una fuerte polémica. Las excusas de la Casa Real fueron variadas. Lo que sintieron los ciudadanos –sobre todo los implicados directamente en la defensa de la sanidad pública– fue algo así: el monarca nos abandona. En esta lucha, material pero también fuertemente simbólica, la monarquía nos abandona a nuestra suerte de insectos; mientras nosotros renunciamos progresivamente a nuestra afección juancarlista inoculada durante la transición, pero por suerte, con fecha de caducidad.

Apenas unos días antes de la operación, en Madrid una nueva Marea Blanca salía a la calle a celebrar el auto judicial que paralizaba, al menos momentáneamente, la privatización de seis hospitales financiados con dinero público. La denuncia había sido motivada por graves irregularidades en los concursos de adjudicación y había sido impulsada por la AFEM –Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid–. Esta organización surgió después del 15M ante los envites privatizadores. Representa a los nuevos actores políticos profesionales que han sabido reaccionar también contra las estructuras tradicionales de representación como sindicatos y colegio de médicos, percibidas como corruptas. En colaboración con los usuarios de la sanidad, estas nuevas organizaciones integradas en la Marea Blanca madrileña suponen un ejemplo de movilización con logros tangibles en la calle y en los juzgados. Pero sobre todo, con la capacidad de visibilizar el proyecto privatizador del PP, que sólo ahora con el impacto de la crisis se ha atrevido acometer sin tapujos, aunque lleva tiempo impulsándolo en algunas comunidades. El proceso muchas veces ha sido gradual para que no se despierten resistencias. Es este miedo, probablemente, lo que está bloqueando la privatización en determinadas autonomías donde se ha n llegado a suspender concursos para la «externalización» de servicios: los gobiernos locales no se atreven a llevarlos hasta el final por miedo a las protestas.

Privatizaciones y financiarización

Tenemos por tanto una riada de gente que toma las calles afirmando algo, y a su monarca siendo operado con todos los privilegios en la clínica Quirón. Ese bonito y confortable hospital privado que pertenece al fondo de capital riesgo británico Doughty Hanson. ¿Y qué demonios es un fondo de capital riesgo? Pues un fondo de inversión que busca alta rentabilidad en poco tiempo, lo que consigue comprando acciones en empresas o negocios de los que se espera tengan un crecimiento superior a la media. Luego se trata de vender estas acciones en cuanto se revaloricen y marcharse a otro sitio con los beneficios: en definitiva, dinero que hace dinero. La entrada de estos fondos en la sanidad española es un hecho consolidado hoy. Capio –IDC Salud– es una multinacional sanitaria con buenas relaciones con el poder político madrileño que ya controla cuatro hospitales públicos en esta comunidad y cuyo accionista mayoritario es uno de estos fondos. Su sede principal, escondida tras un entramado inexpugnable de sociedades pantalla, se encuentra en el par aí so fiscal de las Islas Caimán.

¿Y por qué este tipo de fondos estarían interesados en el sector de salud español? Pese a la retórica del gobierno que justifica privatizaciones y recortes para asegurar la «sostenibilidad» del sistema, las grandes financieras prevén aumentos brutales del gasto sanitario en los próximos años. Siempre por supuesto, a medida que avance el proceso de privatización. Es decir que dan la razón a los que afirman que vamos a gastar mucho más apostando a la sanidad privada, como ya sucedió en el Reino Unido después de las privatizaciones de los ochenta. Como ya está pasando en Valencia con algunos hospitales “externalizados” que han tenido que ser rescatados. El objetivo final es desmantelar un sistema de salud exitoso y barato –invertimos menos en sanidad que la mayoría de países europeos– para permitir a las multinacionales de los servicios sociosanitarios apropiarse de fondos públicos. A medida que este proceso avanza, el sector se concentra e internacionaliza progresivamente lo que hace que acumulen más poder y por tanto, mayor capacidad de presión sobre nuestra corrupta clase política.

Los intereses son los mismos que los de las finanzas internacionales. La sanidad, al igual que las pensiones y los restos del Estado del bienestar español –y de otros países del sur europeo–, se ha convertido en moneda de cambio frente a las presiones que el capital financiero ejerce a través del chantaje de la deuda. Un nuevo nicho de mercado para elevar las tasas de beneficio aprovechando el contexto de crisis. El brazo político de estos intereses está representado por la troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional–, que impulsa las privatizaciones e impone recortes y medidas como el copago de medicamentos. Para este año, el resultado será un 35,6% menos de presupuesto en sanidad. Las consecuencias directas y silenciadas de los recortes: muertes y empeoramiento de las condiciones de vida de toda la población. Pensionistas que ya no pueden pagar los medicamentos. Inmigrantes sin papeles, primeras víctimas del cambio de modelo, cuyas vidas son sacrificadas para acostumbrar a la población a que si no tienes recursos puedes morir de enfermedades fácilmente curables. Mujeres cuidadoras que tendrán que asumir el empobrecimiento y la vulnerabilidad que implican los recortes en las ayudas a la dependencia. Personas –mal– llamadas “dependientes” de tales cuidados, esto es, que requieren acompañamiento para realizar tareas básicas en su vida cotidiana, que quedarán sin posibilidad de sostener un proyecto de vida autónomo.

Pero no sólo los más castigados del sistema son los únicos perdedores. Como está demostrado, la sanidad privada empeora y se encarece para la población a medida que la competencia de la sanidad pública desaparece. Y la salud o es de todos, o es peor para todos: enfermedades como el VIH o la hepatitis C no saben de clases sociales. Quienes ganan: las nuevas multinacionales sanitarias y los políticos de la casta de Raimon Belenes, ex Consejero Delegado del Hospital Clínic de Barcelona. Mientras ocupaba este cargo aprobó el traspaso de recursos de este hospital público a otro privado propiedad de Capio, empresa en la que ahora ocupa un alto cargo. Estos ejemplos ilustran el pasaje entre el poder político y el empresarial en los procesos privatizadores y la brutal materialidad de los entresijos financieros que sostienen nuestro sistema económico.

La Marea Blanca en la calle no ha parado de denunciar estos casos, pero el rey en su hospital privado daba un mensaje contrapuesto: un mensaje que apoya el proceso de privatización que pretende convertir la sanidad en un privilegio y un negocio. Son dos movimientos vinculados. Si queremos salvar la sanidad pública hay que asumir que el enemigo es el régimen actual, el de las finanzas, el de la Mafia que nos gobierna, el que pretende desmantelar un bien de acceso universal. Defender la salud de todos implica llevar el movimiento más allá de sí mismo hacia una democratización del régimen de gobierno: una democratización del sistema político y, por supuesto, del propio sistema de salud.

Publicado originalmente en el blog de la Fundación de los Comunes:

https://www.diagonalperiodico.net/blogs/fundaciondeloscomunes